El Gobierno da otra vuelta de tuerca a la presión fiscal sobre las empresas, para conseguir aumentar en 3.650 millones de euros anuales los ingresos tributarios, cuya negativa evolución ha encendido las alarmas de Bruselas sobre la capacidad de España para cumplir con el objetivo de déficit.
Esta es la recaudación adicional que anualmente espera obtener el Ministerio de Hacienda por la supresión en el Impuesto de Sociedades de las deducciones por el deterioro del valor de las participaciones en el capital social de otras entidades y por las rentas negativas obtenidas por establecimientos permanentes extranjeros.
Un aumento impositivo que recoge el proyecto de ley de nuevas medidas de fiscalidad medioambiental, que aprobó ayer la Comisión de Hacienda del Congreso con competencia legislativa plena, y que contó con el único respaldo del Grupo Popular y el rechazo del resto de los grupos de la oposición, con la excepción del PNV, que se abstuvo.
Preocupados por el déficit
La tramitación "exprés" de la ley, que apenas ha durado una semana en la Cámara, es un indicio de la preocupación del Gobierno, aunque Montoro lo desmienta, por el desvío en el cumplimiento del déficit, máxime tras el aviso del Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada que instaba a España a mejorar los ingresos fiscales en la segunda mitad del año.
Por este motivo, el partido del Gobierno no ha admitido ninguna de las enmiendas al proyecto presentadas por la oposición , incorporando sólo 17 modificaciones, a propuesta del Grupo Popular, entre las que destaca la introducción de una exención del 85% en el Impuesto de Electricidad a los procesos electrolíticos y de reducción química, mineralógicos y metalúrgicos para mejorar su competitividad.
La portavoz de los populares, Ana Madrazo, justificó las nuevas subidas de impuestos alegando que "van dirigidas, prácticamente en el 99% de los casos, a aumentar la tributación de las grandes empresas, porque este Gobierno quiere que paguen más aquéllos que más tienen y paguen menos aquéllos que generan actividad económica y crean empleo que son nuestras pymes y nuestros autónomos". Todo un alegato más próximo al socialismo que a los postulados de la ideología liberal que dicen defender en el PP.
Respecto al nuevo gravamen sobre los gases fluorados de efecto invernadero, Madrazo lo calificó de "intento de promover un cambio de comportamiento para proteger el medio ambiente" y amenazó con "profundizar" más en la senda de la fiscalidad verde al anunciar que está será una de las vías fundamentales de la reforma del sistema tributario que se planteará a principios de 2014.
Para el portavoz socialista Pedro Sánchez este proyecto es sólo "un cajón de sastre que combina subidas de impuestos sobre todo a las clases medias con subvenciones fiscales nada justificables" además de "perjudicar a la seguridad jurídica" en materia impositiva.
Como contrapartida el PSOE propone fijar un suelo del 15% en Sociedades para las grandes corporaciones, revisar todas las deducciones del IRPF, suprimir la prórroga del alza del IBI o eliminar las exenciones a la matriculación de yates.
Fraude en el IVA
La Comisión Europea publicó ayer un estudio sobre la fiscalidad en la UE en el que se afirma que España perdió en 2011 unos 15.200 millones en ingresos por IVA, el 21% de lo que teóricamente debería haber recaudado, debido sobre todo al fraude fiscal, pero también a quiebras de empresas, errores estadísticos o formas legales de evasión. Una pérdida de ingresos que supone el 1,4% del PIB , frente al 1,5% de media europea. En toda la UE se dejaron de ingresar en 2011 alrededor de 193.000 millones de IVA. En términos absolutos, Italia (36.000 millones), Francia (32.000 millones), Alemania (26.900 millones) y Reino Unido (19.000 millones) son los países que registran un mayor déficit de recaudación, porque son las principales economías de la UE.
Aumentan los ingresos tributarios
